El Gobierno lo ha reconocido: tenemos que hacer
algo para facilitar la generación de nuevos empleos. Lenín Moreno ha hablado
directamente de la necesidad de que sea más fácil contratar y despedir a un
trabajador. Estamos en un momento único, ideal, para lograr ese cambio urgente,
postergado y tan necesario en materia laboral.
El desempleo y subempleo siguen subiendo en el
país. Seis de cada diez ecuatorianos no tienen un trabajo formal. Solo 3
millones de personas tienen un trabajo con todas las de ley. Somos uno de los
países donde es más difícil contratar en el mundo. Somos también uno de los
menos competitivos del mundo, por culpa en buena medida de la rigidez de
nuestro mercado laboral.
Parecería que entre todos los sectores hay,
finalmente, un acuerdo sobre la necesidad de generar cambios en lo laboral para
impulsar nuevos empleos. O casi todos. A pesar del momento crítico que vivimos,
siguen sonando con fuerza voces sindicalistas que se oponen a cualquier cambio
que suene a mayor flexibilidad laboral.
Los sindicalistas dicen hablar por los
trabajadores, por esos 3 millones de personas que hoy tienen un trabajo formal,
que reciben cada mes un sueldo, cada diciembre su décimo tercero, que están
afiliados a la seguridad social. Pero ¿hablan ellos por los 5 millones de
desempleados o subempleados que quieren un trabajo formal y no lo consiguen?
La prioridad no es defender las condiciones
laborales de los empleados formales actuales. La prioridad es ayudar a que los
desempleados y subempleados consigan trabajo. Si mañana las voces sindicalistas
y sus amenazas de huelgas intimidan a los asambleístas y no se dan las reformas
laborales, que tengan claro que los principales perjudicados serán esos
millones de personas que no tienen trabajo. Las empresas, sobre todo las
grandes, encontrarán la manera de salir adelante con reforma o sin reforma. Los
desempleados y subempleados no. Seguirán tocando puertas que no se abren y
difícilmente se abrirán sin un cambio.
Ciertos sindicalistas dicen desconfiar del
sector empresarial por abusos cometidos en el pasado. Pero esos abusos son los
que hoy se dan en el sector informal que sigue creciendo ante lo costoso de
volverse formal. Una reforma que haga más fácil y barato contratar y volverse
formal será la mejor manera de garantizar los derechos de nuevos trabajadores.
El Gobierno ha tomado la decisión correcta de
enfrentar el desempleo y la rigidez laboral. Está en manos de la Asamblea
hacerlo de frente y de manera integral, no a medias para contentar la supuesta
estabilidad de una minoría que hoy tiene trabajo. La Asamblea no solo debe
aprobar las pocas reformas que ahora se discuten, sino ir más allá. Dar los
pasos hacia una reforma integral, una flexibilización laboral con todas sus
letras. Y no quedarse en lo laboral. Para impulsar de verdad la generación de
empleo, hay que avanzar hacia reformas en otras áreas como impuestos, aranceles
y trámites.
Que los asambleístas y el Gobierno no se dejen
intimidar por gritos sindicalistas ni cuentos de derechos adquiridos. Su
enfoque debe estar en la dignidad, la esperanza, la sonrisa agradecida de cada
nueva persona que consigue un trabajo. Por ellos hay que cambiar y
avanzar.
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