El cuaderno de Pamela y el caso Arroz Verde
confirman lo que ya sabíamos: la pandilla correísta utilizó fondos públicos y
favores a empresas para financiar su partido, su gasto electoral y quién sabe
cuántos gustos personales más. El Estado al servicio del correísmo y los
integrantes de su banda.
No solo utilizaron los medios de comunicación
públicos para favorecer a sus candidatos con coberturas interminables y ataques
sistemáticos a la oposición. Fueron mucho más lejos. Ahora sabemos que también
utilizaron descaradamente plata de instituciones públicas, nuestra plata, para
financiar sus campañas.
Cada mañana que Correa despierta y toma
libremente un café en Bélgica es un día más de injusticia. Correa debe enfrentar
la justicia al igual que todos los funcionarios de su gobierno que abusaron de
la ley, que despilfarraron impúdicamente el dinero de todos, que usaron para
beneficio personal y de su partido recursos públicos.
Pero más allá de la evidente corrupción
correísta (y hay que ver en qué medida se extiende al gobierno actual), este
escándalo ha puesto también en evidencia una realidad que las autoridades, y el
Consejo Nacional Electoral en particular, prefieren ignorar. Nuestro sistema
electoral vive bajo un engaño al imponer un límite de gasto electoral imposible
de cumplir. En lugar de arreglar el sistema, mantienen esa farsa de que se
puede realizar una campaña electoral únicamente con las franjas publicitarias
asignadas y dentro de los límites de gastos impuestos por el CNE.
No podemos seguir fingiendo que los candidatos
a alcaldes, prefectos, asambleístas, presidentes o cualquier dignidad pueden
promocionarse, comunicar sus propuestas y recorrer el país exclusivamente con
los fondos asignados por el CNE para espacios publicitarios, o que pueden
cumplir el limitadísimo tope de gastos impuestos por la ley.
En las últimas elecciones, por ejemplo, el
límite máximo de gasto electoral para prefecto del Guayas era poco más de
400.000 dólares, de Pichincha, algo más de 300.000. Algo similar para alcaldes
de Guayaquil y Quito. ¿Alguien se cree el cuento de que una campaña puede
ajustarse a un presupuesto así?
El CNE sabe que los candidatos gastan mucho más
dinero que el límite permitido. ¿Por qué no revisar y cambiar el sistema a uno
donde partidos y candidatos puedan libremente recibir y registrar donaciones
del público y empresas como ocurre en otros lados? Para transparentar los
aportes a futuros candidatos, lo primero es sincerar el sistema. Al fin y al cabo,
la primera prueba de la viabilidad de una candidatura es su capacidad para
levantar fondos.
El cuaderno de Pamela prueba los niveles de
corrupción que alcanzó el correísmo al poner fondos públicos al servicio
directo de su partido. Y nos recuerda la absurda ley electoral que exige
límites de gasto imposibles de cumplir.
La buena noticia es que ni las oraciones que
aparecen en las páginas del cuaderno de Pamela servirán para librar a los
culpables de tanta corrupción y atraco. Algunos de ellos ya ocupan su merecido
lugar en la cárcel. Otros, tarde o temprano caerán.
Que este nuevo escándalo de corrupción sirva
para llevar a la justicia a quienes abusaron de nuestro dinero. Y para que el
CNE abra los ojos y cambie un sistema electoral caduco.
