Honestos por decreto

Sebastián Piñera, expresidente de Chile, en su reciente visita a Guayaquil citó una frase muy válida hoy en nuestro país: “Cuando el Gobierno le teme a las personas, eso es democracia. Cuando las personas le temen al Gobierno, eso es dictadura”. Los juicios, amenazas e intentos de intimidación que vivimos nos dejan bastante claro el tipo de régimen que nos quieren imponer.

A nuestros funcionarios se les ha subido el poder a la cabeza. Se creen intocables. Ante cualquier acusación o crítica, salen a defender su “honor”, dan un ultimátum y recurren a las cortes para que los jueces, sus jueces, determinen que su buen nombre ha sido afectado y se castigue con millonarias multas o cárcel al acusador.

Conocemos bien a esos que se las dan de muy rectos. Suelen ser todo lo contrario. La persona honorable no necesita convencernos de sus valores y su ética, simplemente lo demuestra. No hace falta presumir la honestidad y menos que la certifique un juez.

“¡Me han ofendido!, ¡han atacado mi honra!, ¡me han causado un grave daño moral!”, gritan descontrolados nuestros políticos. Y nuestros jueces, siempre tan independientes e ilustrados, no pierden tiempo en darles la razón y dictar la sentencia que prueba su intachable honorabilidad.

En esto Correa es el campeón. Tiene la honra más cara y rentable del país. Seiscientos mil dólares tuvo que pagarle el Banco Pichincha por el gravísimo daño moral que le significó estar injustamente en la central de riesgo. Y ni hablar de los 40 millones de dólares que nuestros jueces decidieron que Diario El Universo debía pagar al honorable presidente de la República por haber ofendido gravemente su honra con un artículo de opinión.

Ahora vuelven al ataque. Esta vez no piden plata. Ahora piden cárcel para sus críticos, en especial si estos son políticos de oposición. Eduardo Del Pozo, vicealcalde de Quito, recibió una sentencia de 15 días de prisión tras una demanda planteada por Correa por atentar contra la honra y buen nombre del presidente en una entrevista radial. ¿Qué dijo Del Pozo? ¿Qué pudo ser tan ofensivo como para ir a la cárcel? Nada que no opinemos miles de ecuatorianos. Cuestionó que nos hablen de ética “quienes a través de determinadas presiones han conseguido ganar juicios y sacar esos recursos sin pagar impuestos, con sentencias a dedo…”.

Por su lado René Ramírez, de la Senescyt, demandó a Guillermo Lasso por mencionar lo reportado en un portal periodístico. “Le doy 48 horas para que se retracte por sus acusaciones contra mi esposa o iniciaré acciones legales. ¡Con la honra no se juega!”, amenazó el honorable Ramírez. Que Lasso sea el principal opositor del correísmo es solo coincidencia.

No entienden, o se hacen los que no entienden, que los funcionarios públicos no son ciudadanos comunes. Que deben tener un mayor grado de apertura y tolerancia ante críticas y acusaciones por ser figuras públicas y sus acciones de interés público. Se han inventado el cuento al revés: porque son figuras públicas te intimidan pretendiendo que los trates con mayor respeto y cuidado.

Quieren imponer la dictadura del temor al Gobierno. Pero en el fondo se mueren de miedo.