Aquí no pasa nada

Mientras veía el video imaginé el escándalo que se vendría. El juez del caso más importante de este país reconoce no haber redactado la sentencia que favorecía con 40 millones de dólares al presidente de la República. Difícil imaginar un escándalo mayor. Pero aquí no pasa nada.

El video presentado por la exjueza Mónica Encalada provocaría un escándalo gigantesco en cualquier sociedad democrática del mundo. Las autoridades de control estarían investigando sin descanso a todos los implicados y sancionando de inmediato a los culpables. Los medios estarían debatiendo las implicaciones para el Gobierno. La sociedad entera condenaría lo sucedido. Pero aquí no pasa nada.

El juez sigue campante. El abogado del presidente dice que el video es ilegal y amenaza con demandar a Encalada. Y el presidente toma distancia del asunto. Le resta credibilidad al video diciendo que ha sido editado. “Los aludidos en ese video sabrán responder”, dijo el otro día. ¿Acaso él nada tiene que ver en este caso, al que dedicó tanto tiempo, discursos y esfuerzo los últimos meses?

No fue suficiente que el presidente Correa haya presentado una vergonzosa y abusiva demanda contra un periodista y los dueños de un diario por un artículo de opinión; que haya utilizado cadenas nacionales y el aparato estatal para defender su causa supuestamente privada; y que haya defendido una y otra vez una sentencia escandalosa plagada de irregularidades. Ahora, con el video se probaría que la sentencia no la redactó el juez Paredes. Lo confirma el propio Paredes en el video. El juicio más importante en este país resuelto de manera fraudulenta. ¿Se puede pensar en algo más grave? Pero aquí no pasa nada.

¿Qué tiene que pasar en este país para que las autoridades reaccionen y se sancionen los abusos? Las medidas tomadas ante el escándalo en la Gobernación del Guayas demuestra que sí se puede sancionar a los culpables de corrupción. Pero ese caso es pequeño frente al de Paredes y compañía.

El predidente Correa no tenía porqué estar enterado de lo que hacían sus abogados. Pero si Correa no sabía de estas irregularidades, debería ser el primero en exigir que se investigue a fondo el caso y que se sancione a los culpables de manipular un caso tan importante para él y para el país, en el que la transparencia era crucial. Lo contrario solo genera sospechas, que los periodistas y autoridades deberán investigar. Ojalá esta vez no se intimide o demande a los periodistas o autridades que busquen la verdad y que hagan las preguntas incómodas al poder.

La impunidad en este Gobierno cada día sorprende menos. Pero preocupa aún más la apatía general en la población. En los programas de televisión, en los que se informa la gran mayoría del país, a duras penas se menciona este escándalo. El Gobierno ha logrado controlar cada vez más la opinión pública. Los canales locales ni se atreven a transmitir el video por miedo a alguna sanción. Sólo una minoría del país se informa y opina del tema en diarios y redes sociales.

El descaro, la impunidad y el caretuquismo mandan en este país. Y aquí no pasa nada.

¿El nuevo pragmatismo?

Kintto Lucas se fue. Dice que la derecha está dentro del poder. Para el ahora exvicecanciller, la prueba más clara de la derechización del correísmo está en las nuevas negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.

En una reciente entrevista, Lucas identifica al viceministro de Comercio, Francisco Rivadeneira; a la embajadora en Estados Unidos, Nathalie Cely; al ministro de la Producción, Santiago León, entre otros miembros del grupo negociador del acuerdo comercial, como algunos de los que están llevando a este Gobierno hacia esa derecha que en su momento tanto ha criticado el correísmo. Insiste en que aunque digan que se trata de un acuerdo comercial distinto, en la práctica es un Tratado de Libre Comercio.

A pesar de sus discursos con gritos revolucionarios y homenajes al Che y Fidel, el gobierno de Correa parece ir descubriendo el evidente fracaso al que lleva ese socialismo. Y van adoptando una línea más pragmática, al menos en temas económicos.

Las voces de la extrema izquierda, tan cercanas al Gobierno en sus inicios, han ido saliendo poco a poco por la puerta trasera. Hoy ellos reciben las críticas del presidente y serán sus contrincantes en las próximas elecciones. Se va cumpliendo al pie de la letra ese temprano pronóstico de que la principal oposición a este Gobierno vendría de grupos de izquierda antes que de derecha.

Ahora último hemos escuchado a Correa quejarse de la “ineptitud” de ciertos administradores públicos en hospitales y otras instituciones. Después de cinco años en el poder, Correa parece descubrir esa casi natural ineficiencia del sector público. El presidente se va sacudiendo el falso sueño de esa burocracia idealizada que trabaja por el bien de su país, dejando a un lado intereses personales. Y va entendiendo las múltiples ventajas del sector privado.

Correa decidió “externalizar” servicios como limpieza, alimentación y lavandería en hospitales públicos, para “brindar un servicio eficiente y de calidad a los ecuatorianos”. El Gobierno que acabó con la tercerización, herramienta útil para generar empleo brindando mayor agilidad y flexibilidad a las empresas para contratar, ahora descubre, como tanto se les advirtió, que el problema no era la tercerización, sino su abuso. Correa, el tercerizador, entiende el valor de contratar servicios de empresas especializadas.

El discurso correísta no cambiará. Seguirá vendiendo una revolución socialista del siglo XXI, aunque nadie sepa lo que eso significa. Pero en la práctica, parece que el Gobierno abre poco a poco los ojos. Y entiende que los tratados comerciales no son el demonio, sino que nos ayudarán a vender más y progresar; o que es más eficiente contratar al sector privado antes que engordar aún más la cintura de nuestro ya obeso Estado. Hasta suena poco probable imaginar al Correa de hoy expropiando arbitrariamente una empresa privada, como lo ha hecho su colega argentina.

Lastimosamente, esa derechización del Gobierno va acompañada de uno de los errores de los mal llamados gobiernos neoliberales del pasado: favorecer el mercantilismo antes que el libre comercio, aumentando la dependencia del sector privado en contratos con el Estado, con toda la corrupción, palancas y privilegios que eso conlleva. Tal vez de eso se trataba el socialismo del siglo XXI.

Imponiendo lo nacional

Las carteleras de cine anuncian la película Pescador. Nadie ha obligado a las cadenas de cine a mostrar esa película por ser ecuatoriana. Lo hacen porque la consideran una buena película. Sin embargo, este Gobierno y muchas personas consideran que las creaciones nacionales necesitan leyes restrictivas para impulsar su difusión.

El proyecto final de Ley de Comunicación exige que el 40% de la programación de los canales de televisión sea ecuatoriana. La ley también obliga a los canales a comprar por lo menos dos películas ecuatorianas al año y hasta establece el precio que deberán pagar por ellas. En las radios, al menos el 50% de su contenido musical deberá ser nacional.

Yo como director de cine o músico me opondría a una ley que obliga a los medios a comprar mi película o transmitir mi canción por el irrelevante hecho de ser ecuatoriana.

La excusa va más o menos así: “Es muy difícil competir contra las grandes producciones y disqueras internacionales. El Estado debe entonces exigir que las radios y canales de TV protejan e impulsen al artista nacional, en lugar de escoger libremente su programación”.

¿Qué tal si mañana un alcalde de algún cantón exigiera a las radios locales que la mitad de su programación sea de artistas de ese cantón, para así promocionar al talento local y luchar contra las “grandes” producciones de Guayaquil y Quito? ¿Suena absurdo, no? Lo mismo aplica para un país que pretende imponer a sus artistas frente a lo que ofrece el mundo.

¿Qué tal exigir, por ejemplo, que el 50% de la ropa que venden los centros comerciales sea diseñada y confeccionada por ecuatorianos, y que la mitad de los libros que se venden en librerías sean de autores ecuatorianos, y que la mitad de los platos que ofrecen los restaurantes sean recetas locales, y que la mitad de los productos en tiendas y supermercados sean marcas nacionales? Si la idea es proteger lo nacional, da igual aplicarlo a cualquier área.

“Pero es que a diferencia de tiendas, librerías o restaurantes, las frecuencias de radio y TV no son privadas, sino del Estado”, justifican algunos. Entonces, con mayor razón debemos ser nosotros, los dueños de esas frecuencias, quienes decidamos qué ver y escuchar con base en nuestra libre demanda y no en leyes arbitrarias.

“Pero otros países tienen leyes similares que han logrado impulsar su industria musical y cinematográfica”, dicen otros. El patrioterismo es popular en todos lados. Si así es la cosa, apoyemos de verdad lo nacional prohibiendo por completo la música y las producciones extranjeras. ¿Qué tal?

De todos los aspectos de la Ley de Comunicación, tal vez este parezca inofensivo. No lo es. Debe preocuparnos que la gente apruebe la restricción de su libertad por razones nacionalistas.

Como leí por ahí: “El nacionalismo es la extraña creencia de que un país es mejor que otro por virtud del hecho de que naciste ahí”. Al escuchar una canción no me interesa el pasaporte que acompaña la voz. Me interesa la canción. Pescador no necesitó una ley nacionalista que obligue a los cines a transmitirla. El talento, sin importar su origen, encuentra formas de triunfar.