“La
novedad entre dictadura abierta y sistema autoritario en democracia es que
hemos pasado de los tanques y los soldados en la calle a la judicialización de
la política que ha sustituido tanques por jueces y metralletas por fiscales”.
Lo dijo Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, en la reciente Asamblea de la SIP
en Perú. Describió así la situación en países como Ecuador y Venezuela, donde
se utiliza al sistema de justicia como arma contra nuestra libertad y derecho a
expresarnos.
Como ya estamos acostumbrados, el Gobierno ecuatoriano fue la vergüenza en esa Asamblea que reúne a los diarios del continente. Los ataques del Gobierno a periodistas y medios, en particular las demandas de Correa contra EL UNIVERSO y los autores del libro El Gran Hermano, recibieron el rechazo esperado.
Mesa dijo también: “Se aplican modelos autoritarios con celofán democrático. Se caracterizan, sin excepción, por limitar la libertad de expresión. Los medios han sido acorralados y no tienen otra posibilidad que responder políticamente frente a la acción política de limitación de sus libertades”.
Algunos
critican este papel de los medios. Dicen que los medios no deberían hacerle el
juego al Gobierno asumiendo ese rol de opositor político. Pero, ¿puede un medio
quedarse cruzado de brazos y no asumir una postura frente a estos ataques?
También argumentan que en lugar de criticar a los gobiernos, la mejor forma
como los medios pueden responder es con más y mejores investigaciones y
reportajes de calidad ante los que el Gobierno no tenga argumentos.
De acuerdo. Pero ahí están los autores de El Gran Hermano defendiéndose ante un juicio millonario del presidente justamente por un trabajo de investigación. El ataque del Gobierno no hace diferencia entre artículos de opinión, críticas o periodismo investigativo. Su ataque es contra el periodismo en general y nuestra libertad para cuestionar al poder. Los medios no pueden ser indiferentes ante ese ataque.
De acuerdo. Pero ahí están los autores de El Gran Hermano defendiéndose ante un juicio millonario del presidente justamente por un trabajo de investigación. El ataque del Gobierno no hace diferencia entre artículos de opinión, críticas o periodismo investigativo. Su ataque es contra el periodismo en general y nuestra libertad para cuestionar al poder. Los medios no pueden ser indiferentes ante ese ataque.
Mientras
en Lima se discutía sobre medios, periodismo y libertad, el gobierno de
Venezuela multaba con más de dos millones de dólares a un canal de televisión
por transmitir una cobertura que molestó al régimen chavista. Veo en la televisión
al director del Conatel venezolano justificar esta millonaria multa diciendo
que “se demostró el fomento [del reportaje] a la zozobra en la ciudadanía y se
demostró el odio y la intolerancia por razones políticas”. Y no puedo evitar
escuchar como un eco la voz del abogado de Correa, repitiendo que se ha
demostrado hasta la saciedad que existió injuria, y que se ha demostrado
quiénes son los culpables, y que se ha demostrado esto y lo otro. Pero lo único
que realmente queda demostrado es el poder que tienen estos gobiernos para que
sus jueces y autoridades “demuestren” cualquier disparate.
Hoy
no vemos tanques ni metralletas en las calles. No hay periodistas torturados ni
desaparecidos. Los tiempos han cambiado, somos más civilizados y esos abusos no
serían tolerados. Ahora, nuestros regímenes autoritarios son más sofisticados.
Callan a los medios recurriendo a la “justicia”, su propia justicia. Todo un
show que legitime su abuso. Ha cambiado la envoltura. Pero en el fondo, usando
tanques o jueces, son los mismos gobiernos.
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