Justicia dinamita

El Gobierno convocó a la reciente consulta y referéndum, entre otras cosas, para cambiar la justicia en el país. La idea es que, con la intervención directa del Gobierno, de ahora en adelante tengamos jueces rectos, imparciales y honestos.

Pero hasta que eso suceda, parece que el Gobierno ha decidido implementar su propia forma de justicia. La justicia inmediata y explosiva. La justicia militar. La justicia dinamita.

El Gobierno decidió frenar, por la vía militar, la actividad en unas minas ilegales en Esmeraldas que contaminan el medio ambiente. Para ello, el presidente decretó estado de excepción en la zona. El Gobierno argumenta, con razón, que la minería ilegal “ha provocado daños irreparables a los ecosistemas locales contaminando las fuentes de agua, afectando las actividades productivas agrícolas y perjudicando así la salud de los habitantes de las zonas”.

Sin embargo, la buena intención del Gobierno de proteger el ambiente y hacer respetar la ley, se dispara en el pie al tomar medidas exageradas.

Armaron un superoperativo que ya lo quisiéramos para detener a criminales y sicarios. Los militares aparecieron sorpresivamente y detuvieron la actividad de los mineros. Pero no se quedaron ahí. Llegaron al extremo de dinamitar cerca de cien excavadoras.

La explicación del ministro de Defensa es simple y preocupante: prefirieron destruir la maquinaria, porque si incautaban las máquinas, un juez podía obligar a devolverlas y así no lograrían nada.

Moraleja: cuando los jueces no funcionen –o no actúen según los deseos del Gobierno– los militares lo harán. ¿Para qué tanta consulta popular entonces? Si el problema son los jueces corruptos, más fácil es saltárselos, y recurrir a esta justicia armada. Si querían eliminar los casinos ilegales, y se quejaban que ciertos jueces les permitían operar, más fácil y efectivo era armar un operativo militar que clausure los casinos y de paso meterles unas cuantas dinamitas a los tragamonedas. Asunto resuelto. La venta de CD y DVD piratas también se la podría resolver facilito con este método, sin tanto abogado ni demanda. Métanle dinamita a las tiendas y listo.

El Gobierno quiere intimidar, mostrando su poder y autoridad. Montaron, como tiene que ser en esta revolución mediática, todo un show producido para la televisión, con cientos de militares descendiendo en helicópteros, ocupando sorpresivamente las minas y haciendo estallar los tractores. Todo esto se transmitió, no podía ser de otra manera, en cadena nacional en horario estelar.

Pero en lugar de mostrar autoridad, el Gobierno revela un Estado débil y sin institucionalidad. Con este tipo de acciones aceptan que no hay intención de respetar las instituciones ni operar de manera civilizada.

El Gobierno debe luchar por la protección del ambiente y hacer respetar la ley. Pero la forma es tan importante como el fondo. De lo contrario, estas empresas y grupos ilegales, que antes no tenían argumento para reclamar, ahora lo tienen. Los mineros tomarán acciones legales contra el Estado. Podrán denunciar la destrucción de su propiedad privada. Y al final, todos terminaremos pagando la irresponsabilidad y abuso del Gobierno con dinero de nuestros impuestos.

La maquinaria destruida es un pésimo precedente. Abre las puertas a la ley de la selva.