El camino difícil

Lo fácil para Rafael Correa era continuar su vida como profesor universitario. No complicarse con la política. Disfrutar de un trabajo tranquilo y más tiempo para su familia. Pero Correa hizo lo difícil. Dejó la comodidad de la academia, para participar en política. Dio el paso más complicado.

Lo fácil para María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán y sus compañeros de Ruptura de los 25 era seguir con el Gobierno y hacerse como que no veían los atropellos. Mantener los privilegios que vienen con la cercanía al poder. Continuar recibiendo sueldos públicos. Ocupar eventualmente embajadas, nuevas secretarías y ministerios. Pero Ruptura hizo lo difícil. Se opusieron a la consulta y abandonaron Alianza PAIS.

Lo fácil para Juan Carlos Calderón y Christian Zurita hubiera sido no investigar los contratos del hermano del presidente y no publicar el libro El Gran Hermano. Hubieran continuado tranquilos con sus trabajos como periodistas, reportando cosas más sencillas. Pero Juan Carlos y Christian hicieron lo difícil. Investigaron y revelaron lo que el país desconocía, sabiendo la reacción que podrían generar en el poder. Hoy el presidente los intimida metiéndoles un juicio. Pretende que le paguen 10 millones de dólares por causarle daño moral.

Lo fácil para los miembros de la comisión de veeduría ciudadana hubiera sido concluir que el presidente de la República no sabía nada de los contratos del hermano. Seguro el presidente los hubiera felicitado por su ardua e independiente labor. Y probablemente, hoy gozarían de algún puesto en el Gobierno, de esos que vienen con carro, chofer y viajes a Europa incluidos. Pero la comisión hizo lo difícil. Concluyó aquello que molestaría al Gobierno. Ahora, Correa amenaza con enjuiciarlos por llegar a conclusiones con las que no está de acuerdo.

Lo fácil para este Diario sería alabar al Gobierno y a cambio recibir millones de dólares en publicidad oficial. Ignorar los abusos, casos de corrupción, y enfocarse solo en lo positivo. Seguro el presidente hablaría maravillas de la imparcialidad y gran periodismo de este Diario y lo pondría como ejemplo de la prensa nacional. Pero este Diario hace lo difícil. Criticar al poder, desnudar sus falencias y mantener su independencia a pesar de las consecuencias. Ahora, todo apunta a que los directivos del Diario y su editor de Opinión tendrán que defenderse ante una nueva demanda presidencial.

Conocemos a quienes hacen lo difícil. Están entre nosotros, unos más visibles que otros. Son pocos pero valiosos. Soportan momentos duros que fácilmente pudieran evitar siendo sumisos al poder o a la corrupción. Hoy reconocemos claramente al político, al periodista, al empresario que ha hecho lo difícil a pesar de las consecuencias. E identificamos fácilmente también a aquellos que escogieron lo fácil, para ganarse la simpatía del poder, los contratos y privilegios que compraron sus grandes casas y carros de lujo.

Rafael Correa hizo en su momento lo difícil. Optó por el sacrificio personal que implica meterse en política en este país. Pudo haberse ganado nuestra admiración por ello. Pero ahora lo vemos del otro lado. Convertido en aquel que espera que los demás hagan lo fácil: obtener privilegios siendo sumisos al poder.

Mis respetos para quienes toman el camino difícil.

Autocensura

“Cuidado te metes en problemas por lo que escribes”, me dicen. ¿Debería tener cuidado?

Soy libre para opinar lo que quiero. ¿Pero, realmente lo soy? El Gobierno sabe bien cómo limitar esa libertad. No hace amenazas anónimas por teléfono. Lo hace públicamente.

Si un presentador de televisión dice algo que no le gusta al poder, al día siguiente lo contradicen y desprestigian interrumpiendo su programa con una cadena. El mensaje es claro: estamos vigilando tus palabras, te interrumpiremos las veces que sean necesarias hasta que dejes de criticarnos.

Luego están las amenazas del mismo presidente, que ahora pretende enjuiciar a Emilio Palacio por un artículo de opinión. Al perseguir a Palacio, el Gobierno amenaza a todos los que hacemos opinión, en diarios, radios, televisión, blogs o en la calle. Nos advierte: cuídate de lo que dices, tú puedes ser el siguiente.

Correa dijo que no permitirá que se juegue con lo ocurrido el 30 de septiembre del 2010. Trata el 30 de septiembre como si le perteneciera, como si solo la versión oficial de los hechos fuese válida. Por eso ve una ofensa en la opinión de Palacio sobre lo ocurrido. Debería ser lo contrario. Los medios deben investigar y comentar más sobre lo que sucedió ese día, del que poco se sabe, justamente porque nos han impuesto una sola versión y los protagonistas no hablan por temor.

La intimidación a medios y periodistas no es nueva. En el 2007, Correa enjuició al director del diario La Hora por un editorial. El juicio afortunadamente fue archivado al no comprobarse injuria alguna. Además, según reporta El Comercio, en estos cuatros años 10 ciudadanos han sido detenidos por “desacato”.

Es ridículo pensar que una persona pueda ir tras las rejas por algo que ha dicho o escrito. Ridículo en cualquier país civilizado y democrático. No aquí. Correa lo dijo el sábado: “Nos guste o no nos guste, en este país es delito gritarle fascista al presidente”.

Ahora que a Correa le gusta tanto citar a Estados Unidos como ejemplo, ¿imaginan a un presidente gringo diciendo algo así, amenazando con cárcel por algo que digan o escriban en su contra?

El presidente Correa merece respeto, como cualquier otro ciudadano. Pero contrario a lo que él cree, el que sea presidente nos da aun más derecho a criticarlo que a cualquier ciudadano común. El momento que decidió convertirse en una figura pública, aceptó –o debió aceptar– las críticas que vienen con el cargo. La retrógrada figura de desacato a la que le gusta recurrir, solo muestra la falta de vocación democrática de este Gobierno.

No hace falta que esté un periodista tras las rejas. El mal está hecho. En estos cuatro años, Correa ha logrado limitar nuestro derecho a expresarnos. Hoy revisamos más lo que escribimos. Los ciudadanos piensan dos veces antes de enviar una carta al diario con alguna crítica o queja. Y algún transeúnte preferirá taparse la boca y amarrarse las manos antes de ejercer su derecho a expresarse ante la caravana presidencial. La silenciosa autocensura crece ante quienes deberían defender nuestro derecho a decir o escribir lo que pensamos en lugar de callarnos. ¿Somos realmente libres para opinar?

Para no olvidar

¿Cuánto dura una noticia sobre un escándalo político o una denuncia en este país? ¿Unos días? ¿Una, dos semanas? Y ahí muere. Impune. Semiolvidada. Reemplazada por una nueva bomba lanzada desde el micrófono de los sábados.

Cada semana, el Gobierno nos distrae con algo nuevo. Rafael Correa domina hábilmente la agenda de los medios y de nuestras discusiones políticas. Así han transcurrido ya cuatro años de gobierno en los que nos siguen despistando y vendiendo la idea de que esto recién comienza. Pasa el tiempo, y nos enfocamos más en lo que el Presidente dice que en lo que hace, o deja de hacer.

A veces el despiste parece voluntario. El Gobierno encuentra hábilmente temas secundarios con los cuales distraernos, ponernos a opinar y discutir. Por ejemplo, incluir en la consulta popular temas irrelevantes para el bienestar y seguridad en el país, como toros, gallos y casinos, pareciera una acción bien pensada para desviar nuestra atención.

Otras veces, en cambio, parece que les sale de forma espontánea. Correa dice algo, o se le ocurre alguna idea de última hora, y pone a hablar a todo el país. Por ejemplo, lo de los calefones este sábado. Dudo que Correa y sus asesores le hayan metido mucha cabeza a esta absurda idea de prohibir los calefones a gas. Imagino que alguien comentó el tema de pasada y Correa tomó la espontánea decisión, sin considerar consecuencias. De hecho, tres días después, Correa dijo que había que debatir más profundamente el tema. Primero prohíbe, después llama a debatirlo. Seguramente nunca se haga efectiva la prohibición cuando analicen su costo político y económico. Mientras tanto, evitan la decisión de fondo, la de acabar con el subsidio al gas o focalizar su uso. Pero el golpe mediático está dado. Calefones aparecen en noticiarios, diarios, y en este último párrafo.

Así, muchas veces los medios se dejan llevar por el último insulto o el nuevo absurdo salido del poder, y postergamos investigaciones y reportajes de fondo. Afortunadamente, no siempre.

La última edición de la revista Vanguardia, por ejemplo, ha publicado un reportaje de esos que molestan al poder. Con el titular ‘Impunidad: 8.000 denuncias en el limbo’, nos cuenta cómo leyes obsoletas, trabas, falta de fiscalización e intereses políticos han favorecido la impunidad.

El reportaje presenta una lista de varios casos y escándalos que han quedado impunes u olvidados, como si aquí no hubiera pasado nada. Casos que van desde los Pativideos, el Congreso de los Manteles, pasando por el comecheques del Ministerio de Deportes, al más reciente caso de los contratos de radio La Luna.

Estos medios y periodistas, que investigan, denuncian y van más allá, reciben generosos calificativos desde el Gobierno, como “sicarios de tinta” y “corruptos”. A estas alturas, un insulto venido del Gobierno es un reconocimiento al buen trabajo.

Es difícil desviarse de la cambiante agenda mediática que se maneja con habilidad desde Carondelet. Investigar a fondo le cuesta plata y posibles problemas a los medios. Pero es necesario en este país donde lo inmediato nos hace olvidar tan rápido lo de fondo.

Ese olvido solo contribuye a la impunidad. Los medios independientes del Gobierno pueden y deben ayudarnos a recordar.