Educación libre

Para Rafael Correa las universidades son fundamentales. Dijo hace poco que la Ley de Educación Superior es “esencial para consolidar y profundizar la Revolución Ciudadana”. Correa busca controlar a las universidades para que se alineen al plan nacional de desarrollo de su Gobierno.

Pero ¿sabe el Gobierno mejor que cada estudiante lo que este debe estudiar y mejor que cada universidad lo que esta debe enseñar?

Hace poco me crucé con un dato interesante: “Los diez trabajos con mayor demanda en el 2010 no existían en el 2004. Los universitarios de hoy se están preparando para trabajos que todavía no existen, usando tecnologías que no han sido inventadas para resolver problemas que hoy ni siquiera podemos identificar”. Por eso, hoy más que nunca, la universidad debe enseñar a pensar, analizar, generar ideas y adaptarse a nuevos entornos. Lástima que con su nueva ley, el Gobierno pretenda limitar la libertad, y en consecuencia, el desarrollo de nuestras universidades.

Más de una vez, Correa ha mencionado a las universidades gringas como ejemplo a seguir. No entiendo entonces por qué restringe justamente aquello que hace exitosas a estas universidades: su libertad.

En el proyecto de Ley de Educación Superior el Estado se entromete hasta en las universidades privadas. Limita, por ejemplo, el periodo de sus rectores a máximo 10 años. Entiendo que se ponga límites en las universidades públicas, financiadas con plata de todos. Pero exigir esto en las privadas es una violación a su independencia y legítimo derecho a manejarse como crean conveniente.

Además, la elección de estos rectores debe darse de manera profesional, no política. Pero acá se pone a los estudiantes a votar. Más allá de su interés en tener una educación de calidad, los estudiantes, al estar de paso en sus universidades, votarán por ofertas de corto plazo. Y los rectores, en lugar de trabajar para fortalecer la institución, deben atender exigencias inmediatas que ganen votos. La votación de estudiantes transforma las universidades en entes políticos y clientelares.

A Correa le preocupa subsidiar universidades que gradúan desempleados al ofrecer demasiadas carreras sin suficientes plazas de trabajo. Es una preocupación legítima. Pero, ¿no sería mejor preocuparse por generar más trabajos? La solución no va por impedir que cada estudiante siga la carrera que quiera o que cada universidad la ofrezca. Si el Gobierno busca desarrollar carreras que ve necesarias para el progreso del país, puede dar estímulos a las universidades que inicien estas carreras y a los estudiantes que entren en ellas.

Nuestras universidades tienen grandes falencias. Deben mejorar. Y mucho. Pero no lo harán porque una ley así lo exija, o porque el Presidente se ponga bravo. Como en otros campos, las mejoras no vendrán con mayores restricciones e imposiciones, sino lo contrario.

El Gobierno puede impulsar a las universidades, públicas y privadas, a través de más estímulos fiscales, concursos para ganar fondos públicos, asignación de más becas, incentivos a la investigación e innovación. El Gobierno solo empeora las cosas al limitar la libertad de las universidades con un grupo de nuevos burócratas dedicados a controlarlas en exceso.

También en la educación, el mercado y la competencia son mejores motores que el Estado.