Ricardo Patiño, en su reciente entrevista con Alfredo Pinoargote en Ecuavisa, mostró lo que este Gobierno espera de los periodistas: que no opinen ni interrumpan. Mejor que se hagan a un lado para que la voz del Gobierno prevalezca. Según Patiño, “uno no tiene esa libertad de expresión que ustedes [los periodistas] tienen”. Traducción: el Gobierno no está todo el día en televisión como los periodistas. Solución: una ley que invierta la situación.
Este Gobierno está enamorado de su propia voz. No quiere dar espacio a periodistas, ni analistas, ni nadie que critique su falsa revolución y muestre la pobreza, desempleo, corrupción y violencia. El Gobierno ya es el más grande dueño de medios de comunicación en el país. Pero eso no le basta. Como si no los tuviéramos hasta en la sopa, el Presidente y sus ministros pretenden aparecer aun más seguido en nuestras pantallas. Y como siempre, son los más pobres quienes sufren el tormento de tantas cadenas nacionales, al no poder escapar a canales de cable.
He escuchado estos días debates sobre la necesidad de mejorar la calidad de los medios y el periodismo en el país. Es un debate muy válido, pero muy aparte del proyecto de ley de comunicación. No le corresponde al Gobierno decir cómo deben actuar los medios, y menos aún exigirlo con amenazas y sanciones. Eso le compete a los mismos medios. Y sobre todo a los televidentes, radioescuchas y lectores quienes con su control remoto premian o castigan la calidad de los canales y con su dinero deciden qué diario vale la pena leer.
El proyecto de ley menciona la importancia de la “democratización de los medios… mediante una distribución equitativa del espectro radioeléctrico a los medios públicos, privados y comunitarios”. Frase muy pomposa que queda en nada. Vargas Llosa la tenía clarísima cuando dijo que “Cada vez que los gobernantes han hablado de democratizar los medios, la libertad de expresión ha entrado en receso y ha desaparecido”.
El problema de fondo, como suele suceder con los gobernantes que desconfían del individuo, es que se pretende dirigir y controlar nuestras vidas. El Gobierno está en todo y por encima de todos. No creen que podemos entender, por ejemplo, cuando un periodista da una opinión, o una información, o ambos. Pretenden entonces regular la libre información y opinión, mientras nadie regula al Gobierno.
Con Pinoargote también se entrevistó María Paula Romo. Ojalá Patiño y Panchana la escuchen y recojan sus posturas. La asambleísta tiene mucho más claro lo que significa la libertad de expresión. Mientras Panchana pasea sus quince minutos de fama, Romo –y estoy seguro que otros asambleístas de su bloque– sabe que este proyecto de ley es una payasada. Le toca ahora actuar, hacer entender a la Asamblea la importancia de la libertad de prensa, y oponerse a aquellos que solo actúan para complacer los deseos del gran jefe.
Nos van quedando solo la televisión por cable y el internet como espacios de expresión realmente libres (hasta que algún iluminado decida interferir nuestros blogs y videos de YouTube con alguna ridiculez nacionalista). Si esta ley pasa, podemos ir despidiéndonos del periodismo libre. ¿Quedarán asambleístas con conciencia, voluntad y voto independientes que defiendan nuestra libertad?
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