El argumento del Gobierno, y en particular del Presidente, ante cualquier acusación de corrupción, es siempre el mismo. Basta decir “somos gente honesta” para que todo quede supuestamente aclarado. Y si el acto de corrupción es evidente, entonces el argumento cambia a “eso es normal, no es corrupción”. Y listo, no se diga más.

Ocurre hoy, cuando respetados medios de comunicación internacionales y funcionarios colombianos acusan al gobierno de Correa de haber recibido fondos de las FARC para su campaña electoral. Es una acusación gravísima que debe ser aclarada. Pero al Gobierno le basta decir que estas acusaciones son parte de una campaña de desprestigio a nivel internacional y una maquinaria propagandística en su contra. En lugar de esclarecer estas acusaciones con pruebas que borren cualquier duda sobre la procedencia de los fondos de la campaña electoral de Alianza PAIS, el Gobierno prefiere hacerse la víctima de un gran complot, repetir el eslogan de las “manos limpias” y desviar la atención.
Y ocurre con el escandaloso aporte mensual “voluntario” que varias instituciones del

Estado cobran a sus empleados para financiar al partido de Gobierno. En cualquier país que se respete, los funcionarios implicados ya hubieran presentado su renuncia. Pero aquí el Gobierno nos dice que se trata de una práctica común, que no tiene nada de malo. Además, el presidente Correa afirma que el Superintendente de Compañías, acusado de este abuso, fue su profesor en el colegio y es un hombre honesto. Caso cerrado. No hay por qué alarmarse.
Por lo visto, para este Gobierno nada es malo porque todo lo hacen con buenas intenciones e infinito amor por el país. ¿O será mejor decir por PAIS? Como que el partido se empieza a confundir con el Estado y el Estado con el partido. Se borra la línea entre el país y PAIS. Este “diezmo” cobrado a los empleados públicos condiciona el servicio público al servicio político.
La percepción de honestidad de Correa no borra las acusaciones en su contra y los actos deshonestos de su gobierno. Si este Gobierno no aclara las acusaciones de haber recibido dinero de las FARC para su campaña, podemos asumir que son ciertas. Si este Gobierno no devuelve la plata a los empleados públicos que “donaron” parte de su sueldo, destituye a los funcionarios responsables de este abuso y rectifica, otro acto de corrupción se habrá consumado a la vista de todos los ecuatorianos.
No basta que nos digan que el Gobierno está lleno de gente honesta e inocente para ignorar cualquier acusación. La buena reputación no es excusa. Y sin explicaciones la irán perdiendo.
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