Ladrones legales

Uno aquí, partiéndose la cabeza planeando ese nuevo gran negocio cuando hay otra forma mucho más fácil de hacerse millonario al instante: trabajar en Andinatel. Según nos hemos enterado en estos días, hay quienes ganan sueldos millonarios en esta empresa pública. Y lo peor de todo es que esos ingresos recibidos ya han sido justificados. Es decir, son legales. ¿Quién dijo que no existe el robo perfecto?

Es fácil repartir plata y ser generosísimo con los sueldos cuando ese dinero no es de uno. Al fin de cuentas, ¿de quién es Andinatel, Pacifictel y tantas de nuestras empresas públicas? ¿Son de todos? Más bien parece que son de nadie. Si no hay un dueño, accionista, o administrador privado con un interés directo en que la empresa marche bien, produzca eficientemente y sea rentable, nadie perderá el sueño por el éxito o fracaso de la empresa. Necesitamos incentivos y reglas claras para ser productivos. Nada de eso existe en nuestras empresas públicas.

La palabra privatización asusta a muchos, sobre todo a los partidarios del futuro gobierno. Pero privatizar no es la única opción para volver eficientes estas empresas y acabar con estos abusos y robos legales. Lo importante es acabar con el estatus de empresas de todos y de nadie. Pueden mantenerse como empresas públicas, pero en manos de administradores privados que deban rendir cuentas y cuyos ingresos dependan del éxito de su gestión. Y con la autonomía necesaria para que ningún presidente, ministro, ni ninguno de esos que pasean a diario por Carondelet puedan intervenir en las decisiones de la empresa o palanquear el ingreso de algún pariente para que reciba un sueldo dorado.

Aquella burocracia idealizada e idealista, racional, positiva y eficiente de la que escribía el alemán Max Weber, hace más de cien años, sin duda no se aplica bien en este mundo, y sobre todo en este país. Quienes están en el sector público y en el privado buscan lo mismo: estabilidad, mejores ingresos, bienestar. La diferencia radica en que en el sector privado esto se obtiene trabajando mucho, siendo creativos y proactivos para ganar más plata. En el sector público esto se adquiere, en gran medida, manteniendo ineficiencias que permitan sueldos legales exorbitantes como el de la funcionaria de Andinatel y jugando con el sistema de tal forma que no haya cambios que pongan en riesgo los puestos y privilegios.

El sector público es necesario a pesar de sus males. Necesitamos un Estado que se encargue de aquellas pocas cosas que el mercado y el sector privado no pueden manejar. Pero ese sector público debe parecerse en la mayor medida al privado, de tal forma que sus empleados y administradores ganen en función de su trabajo y eficiencia, y no en función de supercontratos colectivos e individuales que se consiguen a base de estirar leyes y dinero público.

Ladrón no es solo el que rompe la ley metiéndose a medianoche a una casa y llevándose joyas y televisores. También hay ladrones que roban dentro de la ley. Aquellos que consciente y descaradamente manipulan el sistema de privilegios del sector público para recibir más de lo que deben y merecen. Al menos el primero se reconoce como ladrón. Los segundos caminan entre nosotros como si nada.